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El Ayuntamiento de Huesca ha respondido al auto de medidas cautelares dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca reclamando una cantidad “igual o superior a 800.000 €”, como garantía por la posible pérdida de la subvención europea solicitada para acometer un proyecto urbanístico que conlleva la demolición de los patios históricos del antiguo Seminario. Apudepa y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca consideran la reclamación como una “medida desproporcionada que ataca los principios democráticos más elementales de participación ciudadana y equidad”.

El magistrado-juez titular del Juzgado n.º 1 de lo Contencioso Administrativo de Huesca, David Sampedro Ibáñez, dictó un auto de medidas cautelares el pasado 6 de agosto suspendiendo las actuaciones de demolición previstas por el Ayuntamiento para los patios históricos de los siglos XVI y XIX, cuya protección había solicitado por la vía judicial Apudepa con el refrendo y amparo de la Plataforma para la Protección del Patrimonio de Huesca. En el auto de medidas cautelares, vigentes en tanto no se dicte sentencia definitiva, el magistrado determinó no señalar cantidad alguna en concepto de fianza, pero el Ayuntamiento ha recurrido esta decisión.

Para Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, exigir un depósito “igual o superior a 800.000 €” como garantía de resarcimiento por la posible pérdida de una subvención que ni siquiera ha sido estudiada en los organismos competentes, es “una medida desproporcionada que ataca los principios democráticos más elementales de participación ciudadana, la equidad que debería presidir los actos administrativos y políticos en las relaciones entre la administración y los administrados, además de constituir un intento de arbitraria penalización a la sociedad civil”.

“El Ayuntamiento de Huesca –señala Belén Boloqui– dice públicamente una cosa pero siempre hace otra. Dijeron que no recurrirían el auto del juzgado, pero lo han hecho; el alcalde asegura que defiende el patrimonio, pero sistemáticamente se ha opuesto por escrito a todas las solicitudes de protección para el Seminario y otros edificios históricos como el de Travesía Cortés; asegura que propicia la participación ciudadana y sin embargo, en los cuatro años que dura el litigio no ha querido recibir a las entidades vecinales y patrimonialistas que se oponen a un proyecto urbanístico inconcebible. Frente a la injusta hipoteca solicitada, ¿qué valor económico puede determinarse para el derribo de elementos históricos y la eliminación de la idea de conjunto conformada a lo largo de los siglos?”, se pregunta Boloqui.

En parecidos términos se manifiestan los responsables de las entidades integradas en la Plataforma. “La gestión de Luis Felipe con el Seminario –asegura Juan Faci, presidente del Colectivo Ciudadano– es desastrosa desde el primer momento. La cantidad fijada como responsabilidad civil es el claro ejemplo de una actitud autoritaria y soberbia, en lugar de buscar espacios de negociación y acuerdo quiere aplastar la opinión crítica y defender con una desafiante prepotencia un proyecto que devalúa la riqueza patrimonial de la ciudad y perjudica seriamente la imagen cultural y turística de Huesca”.

Violeta Gracia, presidenta de Osce Biella, pone el acento en la calidad de los argumentos esgrimidos por la Plataforma frente a la incapacidad municipal para refutarlos. “Sabe el alcalde y sabe el equipo de gobierno que en la Plataforma han elaborado informes especialistas en arquitectura, arqueología, historia del arte, urbanismo… documentos que defienden la integridad del conjunto patrimonial con rigor y autoridad científica. Organismos como Hispania Nostra o ICOMOS, entidad que asesora a la Unesco, han avalado la oportunidad y calidad de nuestras demandas, también las más importantes asociaciones patrimonialistas españolas. La fianza que exige el alcalde solo se entiende desde la crispación que produce la falta de razones”.

A Javier Moreno, responsable de la Federación de Barrios Osca XXI, le “entristece” el órdago judicial que plantea el Ayuntamiento en su demanda. “Los ciudadanos no somos los enemigos del alcalde ni del gobierno municipal, somos personas preocupadas por la ciudad que dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo, capacidades e incluso recursos económicos propios precisamente para hacer ciudad. Pretender castigarnos con una exigencia económica inadmisible es tratar de destruir tejido social cooperativo y necesario”.

Finalmente, Belén Boloqui subraya: “Frente a la penalización por la que aboga el Ayuntamiento en la exigencia de un depósito de miles de euros, nosotros presentamos informes que señalan como única salida adecuada y ética la protección y conservación del Seminario, argumento central de nuestra demanda. No nos oponemos a la subvención europea para la rehabilitación del conjunto, al contrario, trabajamos para su conservación y disfrute, pero sin amputaciones ni derribos, tal como señalan los programas europeos de recuperación y los convenios de conservación patrimonial suscritos por España”.

La Plataforma para la Conservación del Patrimonio, cabe añadir, ha reiterado por escrito al alcalde la solicitud de cierre de ventanas, limpieza de patios y desratización del Seminario, para cumplir con la obligación de mantenimiento, salubridad y calidad ambiental de un edificio de su propiedad, tal como determinan las leyes urbanísticas vigentes.