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El  Diario de Huesca, “La sentencia definitiva sobre el Santuario de Casbas de Ayerbe”

EL artículo de Antonio Naval Mas publicado en  El  Diario de Huesca, “La sentencia definitiva sobre el Santuario de Casbas de Ayerbe”, 6-07-2026, tiene miga por sus diversos enfoques que tienen como titular el  citado Santuario (obispado de Huesca)  y como fondo ciertas referencias a las propiedades de la iglesia, la gestión de sus bienes, el entorno de la catedral oscense y  los legados y donaciones.

Me voy a referir aquí a lo que repite reiteradamente el autor sobre las propiedades de la Iglesia: sus edificios de culto,  dando por hecho que “por costumbre inveterada por la aceptación de todos” han sido propiedad de la Iglesia Católica. y que “era el derecho consuetudinario que no ha puesto en cuestión la propiedad de los edificios religiosos”. Dicho esto por  Antonio Naval, historiador del arte y sacerdote, entiendo que le asiste el ”Derecho divino” como tal, aserto defendido por la alta  jerarquía católica.  En su texto, se amontonan  los términos  propiedad, posesión  y gestión, como si fueran similares, pero no lo son. Veamos.

Por mi parte, como historiadora del arte y miembro de la sociedad civil, me rijo por un cierto conocimiento a través de las investigaciones de otros relativas a las propiedad de la I.C. que, curiosamente,  tienen que ver con las inmatriculaciones realizadas  sobre los inmuebles de culto en las últimas décadas, 1946-1998-2015.  El asunto es de gran trascendencia porque las  palabras del Sr. Naval  suponen incluir, entre otras muchas bienes, el Tesoro Artístico Nacional, los bienes culturales nacionales, los bienes demaniales o de dominio público que sólo en décadas recientes ha pasado por arte de birlibirloque a manos privadas, a la Iglesia Católica, todo ello con una dejación inexplicable de obligaciones  por parte de los registradores de la propiedad, en especial a partir de la Constitución de 1978 y  el Concordato de 1979 entre el Estado español y la iglesia Católica. Lamentablemente,  la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 no prevé nada respecto al Tesoro Artístico Nacional y a los Bienes, inmuebles, de Interés Cultural (BIC). Y así seguimos.

Veamos lo que dicen  las investigaciones y la documentación. Debemos saber que históricamente la Iglesia ha estado supeditada a los Reyes y al Estado  como un brazo administrativo porque la religión católica se tomaba como algo obligado,  un servicio a favor de todos los españoles, amparados en  una religión única obligatoria que nadie podía cuestionar. Prueba de ello es que para el mantenimiento del culto religioso los Reyes y el Estado cediesen   a la I. C. los impuestos de los diezmos y primicias que la iglesia ha ido percibiendo anualmente hasta la Desamortización de Mendizábal, 1837-1841, en donde se concluye esta prerrogativa y comienza una etapa más moderna en el funcionamiento del Estado, pasando la iglesia a cobrar directamente del Estado. Y eso ha sido, resumiendo,  prácticamente hasta la Constitución de 1978, exceptuando  el Concordato de 1851 y en especial los años de la Segunda República que promulgó un Estado laico.

Por tanto, esas propiedades, inmuebles de culto, -inmatriculados- han sido posible, no por un derecho consuetudinario como alega el autor en su artículo, sino por una legislación concreta otorgada por Franco, a través de la Ley Hipotecaria (LH) de 1946 y su Reglamento Hipotecario (RH) de 1947. Se partía en la dictadura de que esos bienes no necesitaban inscribirse en el Registro de Propiedad (RP) porqueeran bienes Demaniales y, estaban exceptuados de la inscripción registral (no eran objeto de inscripción). Por otra parte, cuando entró en vigor la Constitución de 1978, el 29/12/1978, los bienes de culto de la I.C. seguían sin poderse inscribir en el RP por la reminiscencia que quedaba de considerarlos demaniales en nuestra legislación, según la citada Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario, y, además, seguían sin ser bienes considerados del tráfico jurídico inmobiliario.

Así todo, con malas artes de algunos obispados sí inscribieron bienes de culto en el RP, antes de la reforma del RH de 1998 de Aznar, algo que nos  resulta casi inverosímil en la época democrática, siendo presidente de Gobierno José María Aznar. Esta reforma del RH de 1998, por la que se derogó la excepción de inscribir bienes de culto  de la IC, abrió la veda para que los obispos no tuvieran que emplear las malas artes inmatriculadoras , que ya antes emplearon (1978-1998), como sabemos que ocurrió en la ciudad de Zaragoza  en los años de 1980, como  lo hizo el arzobispo Elías Yanes, por inconstitucionalidad sobrevenida,  por cuanto desde la Constitución de 1978 el Estado pasó a ser aconfesional y, por tanto,  los representantes de la I.C. dejaron de ser funcionarios públicos, al pasar a ser la iglesia un ente privado. En pocas palabras, no podían inmatricular por autocertificación, pero, inexplicablemente, los registradores de la propiedad correspondientes lo consintieron y en España “nadie” se enteraba de lo que estaba ocurriendo: que miles de bienes histórico-artísticos se transferían de lo público, lo de todos, a lo privado, a la I.C. La primera que se enteró fue la ciudad de Tafalla en Navarra en el 2006 y empezó a conocerse  el escándalo.  

Desde 1998 con RH de Aznar ya lo podían hacer con luz y taquígrafos, pero,  insistimos, lo hicieron con absoluto secretismo, debido al cambio de una sola cláusula de la Normativa Hipotecaria,  lo que supuso que con Aznar se podían inmatricular los bienes de culto,  y ello entre 1998 y el 2015, por una autocertificación eclesiástica, las inmatriculaciones. Este abuso trajo como consecuencia la Sentencia de 04/11/2014 del caso Ucieza S.A. contra España, del  , por lo que España se vio obligada a derogar la  LH. Fue por eso,  y nada más, por lo que en el año 2015, siendo Mariano Rajoy presidente,  se reformó la LH, entre otras, pero sin carácter retroactivo, con lo cual quedaron garantizadas las certificaciones diocesanas de la I.C. realizadas ante los registradores de la propiedad.

Por tanto, quede bien claro que son las recientes inmatriculaciones las que le han dado el derecho de propiedad a la I.C., en cuanto a los bienes de culto. En cualquier caso, conviene aclarar que inmatricular es inscribir por primera vez un bien en el Registro de Propiedad y por los privilegios consecutivos citados, 1946 y 1998, lo pudieron hacer por autocertificación eclesiástica, sin documento escrito que acreditase haber adquirido la propiedad, simplemente por auto certificado del obispo, o vicario, presentado ante el registrador de la propiedad.

 ¿Acaso es razonable que el 80% del Tesoro Artístico Nacional se haya ido inmatriculado en silencio, sin conocimiento general, y a espaldas incluso de su propio pueblo cristiano practicante que la I.C. dice representar? Los  datos  oficiales,  ofrecidos por el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal en el 2022, año en que se hicieron públicos, supone que la I.C.  acopió 34.961 bienes, lo que  incluye 20.014 templos o edificios religiosos (2.054 en Aragón, 15 de ellos en Ayerbe, con 6 iglesias, 1 ermita,  7 fincas rusticas y 1 vivienda y almacén)  y 14.947 solares, fincas o viviendas, de todos ellos 3.111 están declarados Bienes de Interés Cultural. No es una cuestión menor, que una  buena parte de estos bienes han sido rehabilitados y restaurados  con dinero público del Estado y de las Comunidades Autónomas y  que la iglesia en una nueva vuelta de rosca, una vez privatizadas las catedrales y otros templos, las gestiona y rentabiliza con sus  pingües negocios de ventas de entradas que en algunas catedrales supone más de 20 millones de euros de beneficios anuales.

Todo lo anterior, a título de ejemplo,  nos lleva a preguntarnos: ¿acaso  la Mezquita de Córdoba, la catedral-Giralda y Patio de los Naranjos de Sevilla, la Seo de Zaragoza. el Mudéjar aragonés Patrimonio Mundial,  o la catedral de Burgos,  son propiedad de la I.C.? Rotundamente no, cosa distinta es la gestión que históricamente ha venido  realizando la I.C. sobre esos bienes, y que nadie, por cierto,  había puesto en cuestión. Ellos, sin embargo,  a espaldas de todos se han hecho propietarios de “todo lo habido y por haber”, convirtiéndose en la mayor inmobiliaria del país, con unos cálculos que alcanzan hasta los 100.000 (cien mil) bienes inmuebles, sin que esta cifra pueda ser corroborada porque los distintos Gobiernos de España no han tenido a bien de trasladar los datos completos,  a pesar de que reiteradamente se están pidiendo, entre otros,  por la Coordinadora Nacional Recuperando, a la que pertenece Apudepa.   

En conclusión,  el Santuario  de Nª Sª de Casbas debe pasar como propiedad al ayuntamiento de Ayerbe, diócesis de Huesca, porque los bienes de culto, y los bienes comunales, han sido históricamente bienes demaniales, y por tanto inalienables, imprescriptibles  e inembargables, han estado fuera del comercio.  Estos bienes, entre ellos el Tesoro Artístico Nacional, deberán volver al Estado por inconstitucionalidad sobrevenida de la LH. El cuándo no lo sabemos, pero ni nosotros, ni nuestros hijos y nietos vamos a renunciar a ello y  así se comenta en el reciente libro de investigación, 2026,  de Antonio Manuel Rodríguez y  Aristóteles Moreno, “El expolio de las Inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y  otros casos de libro”, un texto de lectura recomendada para entender la maraña con la que nos hemos visto envueltos y para que los ciudadanos exijamos ante el Estado lo que es de todos y de todas.  

                                                                                         Belén Boloqui Larraya,

                                                           Dra. en Historia del Arte y presidenta de Apudepa

(Apudepa, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés).

El próximo día 8 de abril, acogidos por el G.P. Plurinacional SUMAR, la Coordinadora RECUPERANDO presentará en el Congreso de los Diputados una Jornada titulada: «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado».

La Jornada se celebrará, a las 16:00 horas, en la Sala Clara Campoamor del Congreso y constará de dos mesas.

Mesa 1: Revertir las inmatriculaciones de la iglesia, una herida abierta en nuestra democracia
– Asunción Villaverde (Europa Laica – moderadora)
– Antonio Manuel Rodríguez (profesor de derecho civil)
– Cristina Contreras (RECUPERANDO – Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, abogada)
– Nahuel González (diputada GP Plurinacional Sumar – comisión de Cultura)

Mesa 2: Protección y Gestión Democrática del Patrimonio Cultural, una exigencia ineludible
– Miguel Santiago (Plataforma Mezquita Cordoba, profesor)
– José Castillo (catedrático de Historia del Arte)
– Belén Boloqui (APUDEPA – Aragón, catedrática de Historia del Arte)
– Julia Boada (diputada GP Plurinacional Sumar)

El objetivo que nos planteamos con este acto es doble:

Por una parte, dar a conocer a los/as diputados/as asistentes y al público general cosas que, aunque a nosotros nos parecen obvias, en ocasiones parece que se olvidan o se quieren olvidar.

A) Las Inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica en España, al amparo de una simple certificación eclesiástica, son un auténtico expolio patrimonial. Tanto por su cantidad (estimamos que más de 100.000 bienes inmatriculados) como por su calidad (más del 80% del patrimonio cultural español ha quedado en manos de una entidad particular, la iglesia católica), debe de considerarse una «cuestión de estado» cuya resolución no puede quedar al albur ni a la buena voluntad de particulares, ayuntamientos o incluso gobiernos autonómicos.

B) Además, lejos de tratarse de un tema «cerrado» como afirmaba recientemente Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se trata de un tema en el que ni siquiera se ha llegado a conocer cuántas y cuáles has sido las inmatriculaciones realizadas; lo que sería, simplemente, una cuestión de transparencia democrática. Y no se ha avanzado un ápice en la reversión de las inmatriculaciones realizadas mediante este mecanismo, tan perverso que incluso ha sido duramente criticado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso mantenemos, como se indica en el título de la primera mesa, que aún se trata de «una herida abierta en nuestra democracia».

Por otra parte, realizar propuestas. Desde la primera mesa se presentarán propuestas para la reversión y catalogación de bienes inmatriculados por la Iglesia; desde la segunda mesa se presentarán propuestas para la modificación legislativa del modelo de gestión del patrimonio cultural. Todo ello se integrará en un documento que, con el título de la Jornada «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural. Una cuestión de estado», se entregará al finalizar el acto a diputados/as y público asistente.

Recordamos a quienes aún no se hayan inscrito y deseen acudir que para la entrada al Congreso en necesario enviar previamente nombre completo y DNI a la dirección de correo indicada en el cartel anunciador.

Agradeceríamos su colaboración en la difusión de este acto y su correspondiente cartel.

Ejecutiva RECUPERANDO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Coordinadora Estatal para la Recuperación
del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica .

Franco reforma (Decreto 8/2/1946) la Ley Hipotecaria que equipara la iglesia católica con el propio Estado para inmatricular bienes. Al año siguiente, el Reglamento Hipotecario, (Decreto 14/2/1947) establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.

Estas normativas van a abrir un período de casi 70 años en el que la jerarquía católica va a promover decenas de miles de procedimientos inmatriculadores. Un obispo certifica que un bien le pertenece desde tiempo inmemorial y con ese documente se persona en el Registro de la Propiedad y lo inmatricula.

El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, promovida por el Gobierno de Rajoy, excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Terminan las inmatriculaciones, pero lo inmatriculado queda bendecido pese a la inconstitucionalidad del procedimiento desde 1978 y a la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora.

Durante estos setenta años (1946-2015) se ha producido en el estado español un expolio monumental: miles de bienes inmuebles (plazas públicas, monumentos, cementerios, iglesias, casas curales, fincas, etc.) han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad alguno, a lo que han de añadirse los bienes muebles que contienen.

Durante seis décadas la opacidad de estos procedimientos es total; pero a comienzos de este siglo las denuncias de estos robos, las sentencias de tribunales europeos, las primeras movilizaciones populares, la atención de los medios de comunicación,… sacan este tema del oscurantismo y la negligencia institucional.

El 9 de febrero de 2017, la coordinadora RECUPERANDO, recientemente constituida, registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias, una para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y otra para promover las iniciativas legislativas necesarias para revertir esta situación.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno presenta al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero solo desde 1998. Sabemos que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Por ello, podemos inferir que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000. La jerarquía se ha apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés,…

Hay que reconocer la positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones.

La presentación por Carmen Calvo del listado de las inmatriculaciones en febrero de 2021 fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Jerarquía católica. Pero paralelamente, la misma Vicepresidenta abría negociaciones secretas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal para tratar de dar cerrojazo a este tema en sentido contrario a los compromisos adquiridos.

Todo apunta a que el Gobierno y la jerarquía católica tienen en ciernes un pacto en este sentido dando carta de naturaleza a un expolio monumental del patrimonio público histórico-artístico, donde tampoco los tribunales proporcionan un medio eficaz para resarcirlo. Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado. La Coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos.