Jornada en el Congreso: «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado»

El próximo día 8 de abril, acogidos por el G.P. Plurinacional SUMAR, la Coordinadora RECUPERANDO presentará en el Congreso de los Diputados una Jornada titulada: «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado».

La Jornada se celebrará, a las 16:00 horas, en la Sala Clara Campoamor del Congreso y constará de dos mesas.

Mesa 1: Revertir las inmatriculaciones de la iglesia, una herida abierta en nuestra democracia
– Asunción Villaverde (Europa Laica – moderadora)
– Antonio Manuel Rodríguez (profesor de derecho civil)
– Cristina Contreras (RECUPERANDO – Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, abogada)
– Nahuel González (diputada GP Plurinacional Sumar – comisión de Cultura)

Mesa 2: Protección y Gestión Democrática del Patrimonio Cultural, una exigencia ineludible
– Miguel Santiago (Plataforma Mezquita Cordoba, profesor)
– José Castillo (catedrático de Historia del Arte)
– Belén Boloqui (APUDEPA – Aragón, catedrática de Historia del Arte)
– Julia Boada (diputada GP Plurinacional Sumar)

El objetivo que nos planteamos con este acto es doble:

Por una parte, dar a conocer a los/as diputados/as asistentes y al público general cosas que, aunque a nosotros nos parecen obvias, en ocasiones parece que se olvidan o se quieren olvidar.

A) Las Inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica en España, al amparo de una simple certificación eclesiástica, son un auténtico expolio patrimonial. Tanto por su cantidad (estimamos que más de 100.000 bienes inmatriculados) como por su calidad (más del 80% del patrimonio cultural español ha quedado en manos de una entidad particular, la iglesia católica), debe de considerarse una «cuestión de estado» cuya resolución no puede quedar al albur ni a la buena voluntad de particulares, ayuntamientos o incluso gobiernos autonómicos.

B) Además, lejos de tratarse de un tema «cerrado» como afirmaba recientemente Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se trata de un tema en el que ni siquiera se ha llegado a conocer cuántas y cuáles has sido las inmatriculaciones realizadas; lo que sería, simplemente, una cuestión de transparencia democrática. Y no se ha avanzado un ápice en la reversión de las inmatriculaciones realizadas mediante este mecanismo, tan perverso que incluso ha sido duramente criticado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso mantenemos, como se indica en el título de la primera mesa, que aún se trata de «una herida abierta en nuestra democracia».

Por otra parte, realizar propuestas. Desde la primera mesa se presentarán propuestas para la reversión y catalogación de bienes inmatriculados por la Iglesia; desde la segunda mesa se presentarán propuestas para la modificación legislativa del modelo de gestión del patrimonio cultural. Todo ello se integrará en un documento que, con el título de la Jornada «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural. Una cuestión de estado», se entregará al finalizar el acto a diputados/as y público asistente.

Recordamos a quienes aún no se hayan inscrito y deseen acudir que para la entrada al Congreso en necesario enviar previamente nombre completo y DNI a la dirección de correo indicada en el cartel anunciador.

Agradeceríamos su colaboración en la difusión de este acto y su correspondiente cartel.

Ejecutiva RECUPERANDO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Coordinadora Estatal para la Recuperación
del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica .

A FAVOR DE LA PERMANENCIA DEL COLEGIO PENSIONADO DE JESÚS Y MARÍA DE ZARAGOZA

A FAVOR DE LA PERMANENCIA DEL COLEGIO PENSIONADO DE JESÚS Y MARÍA DE

ZARAGOZA:

UNA CAPITALIDAD DE ARAGÓN QUE SE PRECIE DE TAL NO PUEDE DERRIBAR UN EDIFICIO DE
UN DISCÍPULO DE ANTONI GAUDí, DEL ARQUITECTO ISIDRE PUIG BOADA, CON LA
COLABORACIÓN DEL RECONOCIDO ARAGONÉS ARQUITECTO LUIS DE LA FIGUERA.
A TIEMPO SE ESTÁ DE PARAR LA DESCABELLADA DEMOLICIÓN PORQUE EL CENTRO
CÍVICO QUE SE HAGA NO SERÁ DE MÁS CALIDAD Y HABRÁ TENIDO UN SOBRECOSTO,
ENTENDEMOS QUE NO JUSTIFICADO DE 6 MILLONES DE €.


En relación a la última noticia aparecida en prensa del 3 de septiembre, Apudepa, de nuevo, lamenta la decisiones del Consejo de Urbanismo zaragozano, 17- 07-2023, sobre la demolición a comienzos del 2024 del Colegio de Jesús y María, e insiste que una capitalidad de Aragón, que se precie como tal, no puede derribar un edificio de un discípulo de Antoni Gaudí, del arquitecto Isidre Puig Boada, 1939-1943, con el que también colaboró el reconocido aragonés arquitecto Luis de la Figuera, autor en dicho colegio del refugio antiaéreo contra bombas, tal y como figura en su Memoria de 1941.


Apudepa ya había advertido al ayuntamiento zaragozano mediante escrito, febrero del 2022, en el que se reseñaba la relevancia profesional del arquitecto Isidre Puig Boada, discípulo directo y apreciado de Antoní Gaudí, que fue director titular o facultativo de las obras de la Sagrada Familia en Barcelona en los años de 1950, si bien en el expediente consultado ante el ayuntamiento no hay ninguna constancia ni
eco de dicha solicitud, ni tampoco una sola cita a la obra del arquitecto catalán en el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, ni en el departamento de Ordenación y Gestión Urbanística y tampoco en el de Inspección urbanística, por lo que entendemos que en la práctica la instancia de Apudepa ha sido silenciada e ignorada. Posteriormente, expuesto el proyecto a Exposición pública solicitamos ante el ayuntamiento, “la nulidad del acuerdo de la Modificación aislada nº 211 del PGOU para reordenar los usos de la parcela del antiguo colegio de Jesús María entre la avenida Goya y C/ Cortes de Aragón”, suelos antes de dotación pública, con sentencia firme del 2007, en el 2023 en parte privatizados, hemos tenido la misma respuesta: Ninguna. Y todo ello a fin de proteger dicha arquitectura de Puig Boada
según proyecto consultado de 1939: vestíbulo, edificio principal correspondiente a servicios comunes y colegio propiamente dicho; la capilla adosada en un lateral, a lo que hay que añadir el el refugio antiaéreo en el semisótano, proyecto del ya citado y reconocido arquitecto zaragozano Luis de La Figuera, 1941.


Como no nos damos por vencidos ante lo que creemos firmemente como una mala operación para los intereses sociales y patrimoniales de la ciudad, Apudepa ha solicitado ante la Directora General de Patrimonio la protección que le corresponde como Bien de Interés Cultural, o Bien Catalogado del patrimonio aragonés, porque su derribo sería un enorme error a distintos niveles: arquitectónico, cultural, social, económico y medioambiental, y todo ello a priori porque los catálogos oficiales dependientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA y de Inspección Urbanística del Ayuntamiento zaragozano no cumplen con las expectativas necesarias de protección de acuerdo a toda la legislación vigente y en particular a la Ley 10/20022 sobre “Arquitectura de calidad”, derivada de la Declaración de Davos, Consejo de Europa 2018. Ante estos hechos irreversibles, Apudepa se reserva aplicarse en la defensa a la que tenga derecho.


A tiempo se está de parar la descabellada demolición porque el centro cívico que se haga no será de más calidad y habrá tenido entendemos que un sobrecosto que entendemos no justificado de 6 millones de €., por lo que podría darse un caso de malversación de fondos públicos por parte del ayuntamiento zaragozano, porque rehabilitar el excelente edificio de Puig Boada, que cumple con los parámetros
educativos, costaría mucho menos, y como planteó el arquitecto en su proyecto de 1939: “en un edificio escolar, la lógica impone desarrollar los edificios principales en forma de L, y a toda altura, para lograr la máxima área de fachada bañada por el sol y en ellas distribuir la mayoría de aulas, dormitorios y enfermería”.

PAREMOS LA DEMOLICIÓN DE LA PRIMERA MURALLA CRISTIANA DE GRAUS

Enlace a petición change.org

Graus va a perder una parte importante de su patrimonio. El Ayuntamiento ha autorizado la demolición de la casa sita en Mayor 7.  NO VA A QUEDAR PIEDRA SOBRE PIEDRA de la fachada a la calle Mayor ni de la fachada posterior, QUE ES EL MEJOR VESTIGIO DE LA PRIMERA MURALLA CRISTIANA, la construida tras la conquista de Graus en 1083.

 Es un casa protegida por pertenecer a un  Conjunto de Interés Cultural de Aragón (ORDEN de 11 de junio de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo. BOA 83 de 2002). 

Pedimos tu firma:

PARA PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES, SIGUIENDO EL DICTADO DEL ARTÍCULO 6.2 DE LA LEY 3/1999 DE 10 DE MARZO, DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS, QUE SE ESTÁ DEMOLIENDO LA CASA SITA EN MAYOR 7 DE GRAUS, QUE ESTÁ PROTEGIDA POR PERTENECER AL CONJUNTO HISTÓRICO,

Y SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO DE GRAUS Y AL RESTO DE INSTITUCIONES ARAGONESAS QUE PROTEJAN EL CONJUNTO HISTÓRICO DE GRAUS APLICANDO EN SU INTEGRIDAD LA LEY 3/1999, DE 10 DE MARZO, DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS.

APUDEPA participó en la manifestación del 6 de mayo en favor de Canal Roya

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Las organizaciones RedMontañas y Mountain Wilderness han trasladado a los responsables de los Gobiernos de España y Aragón, por la vía del registro administrativo, un manifiesto del mundo académico y conservacionista de rechazo al proyecto de construcción del telecabina en el valle pirenaico de Canal Roya. La revista Quercus es una de las entidades firmantes.

Este manifiesto ha sido firmado por 160 expertos, investigadores, conservacionistas y técnicos en gestión del medio ambiente, departamentos universitarios, grupos de investigación, plataformas de defensa de la montaña y sociedades y colectivos dedicados a la conservación, además de escritores de naturaleza, medios de la prensa ambiental y asociaciones de montañismo.

En el manifiesto se solicita al Gobierno español que impida que se destinen fondos europeos para el proyecto de construcción del telecabina de Canal Roya, que supondrá la degradación irreversible de uno de los mejores parajes del Pirineo de Aragón. También se insta al Gobierno aragonés a que descarten el proyecto Aragón Ski Circus y reanuden la tramitación necesaria para la catalogación del valle pirenaico de Canal Roya como espacio protegido.

Ver manifiesto

XVIII Encuentro de Asociaciones de Defensa del Patrimonio en Sabiñanigo

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Manifiesto

Celebrado en Sabiñánigo los días 29 y 30 de abril de 2023 el XVIII Encuentro Estatal de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural titulado “De lo local a lo global o viceversa” y organizado por la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio y la Asociación “Amigos de Serrablo”. Han asistido las asociaciones que se citan al final de este manifiesto.


Siendo la primera vez que se organiza este tipo de encuentros en el ámbito rural ha destacado la implicación de la población del territorio en el reconocimiento, conservación, recuperación, su implicación y sentimiento de pertenencia con el patrimonio próximo.


En estos días, acorde con el lema de las jornadas, se han trabajado dos ponencias. La primera de ellas llevada a cabo por Enrique Satué, hablando del trabajo y esfuerzo que supone la recuperación, conservación y difusión del patrimonio etnológico en zonas deshabitadas y que han sido históricamente expoliadas. Por su parte, Nora Arias ha realizado una aproximación a la práctica y realidad de los nuevos usos de la arquitectura tradicional y su conservación y mantenimiento. Estableciendo que no puede haber unanimidad de criterios a la hora de trabajar el patrimonio entre el mundo de la ciudad y zonas escasamente habitadas. A esto hay que sumar la pérdida de oficios tradicionales y la falta de centros de formación que impiden una conservación y restauración idónea de edificios tradicionales.


La segunda ponencia llevada cabo por Pilard Bernad, ha realizado una panorámica de la legislación actual, estatal y autonómica, en materia de patrimonio cultural planteando la necesidad de incorporar el espíritu y la letra de lo dispuesto en los convenios internacionales en conservación de patrimonio en la legislación española así como la integración y conexión de los planes municipales. También ha señalado la necesidad de potenciar los sistemas de vigilancia y control sobre las infracciones y delitos llevados a cabo en el patrimonio cultural.


A todo esto se han unido comunicaciones sobre aspectos del patrimonio cultural llevadas a cabo por asociaciones del ámbito estatal tratando temas como patrimonio industrial, trabajos concretos en el ámbito rural, la importancia de la educación para el patrimonio, la intervención social en defensa de zonas urbanas, vías pecuarias, etc.


Como conclusión de este encuentro las asociaciones participantes plantean la importancia de aprender de como los grupos del ámbito local muestran el camino sobre cómo trabajar en la defensa y conservación del patrimonio planteando el apego a su patrimonio próximo, a sus costumbres y a aquellos elementos que le dan su identidad como forma de ayudar a mantener el territorio como lugar de vida y futuro.


En el anterior encuentro, celebrado en Almería en 2022, se acordó la constitución de una entidad para poder trabajar conjuntamente en los problemas comunes que tenemos las asociaciones de patrimonio ciudadanas buscando un nexo de conexión entre la realidad que vive nuestro territorio y la actuación de las múltiples administraciones que tienen intervención él. La Unión es una realidad y está empezando a trabajar en este sentido.

21 asociaciones de toda España fundan la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural

El pasado sábado 18 de febrero se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid la asamblea constituyente de la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, con la participación de veintiuna asociaciones, culminando así un trabajo intenso desarrollado en los últimos años.

Así, el proceso iniciado en 2018 en Madrid a través del Manifiesto de Boadilla tuvo continuidad en sendas reuniones en Zaragoza (2021) y Almería (2022), y se cierra ahora con el nacimiento formal de la Unión. Durante ese tiempo, varias asociaciones para la defensa del patrimonio de toda la geografía española han sido conscientes de los aspectos diferenciadores entre los territorios y los tipos de patrimonio, surgiendo un creciente interés por los problemas y necesidades comunes a todas las asociaciones, que ahora se unen para intercambiar conocimientos y para trabajar juntas en el logro de objetivos comunes. La iniciativa queda abierta a la inclusión de otras asociaciones, para que se unan a este proyecto y puedan aportar su propia visión y experiencia.

Tras un periodo de redacción de los estatutos, en mayo de 2022 se celebró un encuentro de asociaciones en Almería, en él se publicó el conocido como «Compromiso de Almería», documento por el que las asociaciones se comprometían a trabajar juntas a la par que surgía una junta gestora para dar el impulso final al proceso, recogiendo la documentación y elaborando una agenda para el nacimiento de esta Unión de Asociaciones, que cuenta con personalidad jurídica propia.

Se ha elegido una Junta Directiva de la Unión que está compuesta por Jose Manuel Baena representante de la Asociación Ben Baso de Sevilla como presidente, María-Cruz Santos, representante de la Asociación Histórica Retiro Obrero (AHRO, Sevilla), como vicepresidenta, Pere Ollers, por la asociación ARCA (Mallorca), que asume la secretaría, y Pilar Villellas, por APUDEPA (Aragón), a cargo de la tesorería. Por otra parte, se han creado siete vocalías, asumidas por las asociaciones Acuíferos Vivos (Almería), AJVA (Murcia), Amigos de la Alcazaba (Almería), APATRIGAL (Galicia), Huermur (Murcia), Lagunas Vivas (Albacete) y Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama (Madrid).

Según el presidente de esta nueva Junta Directiva, José Manuel Baena, el objetivo de la unión es convertirse en “punto de encuentro para el intercambio y ayuda entre las asociaciones, adquiriendo personalidad jurídica para tratar con los poderes públicos en temas comunes de ámbito estatal”, señalando igualmente que los principales desafíos a plantear residen en “la propia organización de la unión, la exigencia del cumplimiento de la normativa vigente en patrimonio a los poderes públicos, y la denuncia de todos los aspectos contrarios a ella”.

Las asociaciones firmantes de la nueva Unión son las siguientes:

  • ACEM. Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos (Murcia)
  • Acuíferos Vivos- Plataforma en Defensa del Agua en Almería (Almería)
  • AHRO. Asociación Histórica Retiro Obrero (Sevilla)
  • AJVA. Asociación Juvenil Villa de Aljucer (Murcia)
  • Amigos de la Alcazaba de Almería (Almería)
  • Amigos del Patrimonio de Segovia (Segovia)
  • Asociación de Amigos de Serrablo (Huesca)
  • APATRIGAL. Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Galicia)
  • APUDEPA. Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Aragón)
  • ARCA. Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (Mallorca)
  • Asociación Cultural Abuxarra (Alpujarra) (Almería)
  • Asociación Cultural Athenaa de El Ejido (Almería)
  • Asociación para la defensa de las Chimeneas y el patrimonio industrial de Málaga (Málaga)
  • Ben Baso. Asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico (Sevilla)
  • Huelva Te Mira (Huelva)
  • HUERMUR. Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Murcia)
  • Lagunas Vivas (Albacete)
  • Málaga Monumental (Málaga)
  • Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama (Madrid)
  • Sociedad Caminera del Real de Manzanares (Madrid)
  • SOS Monuments- Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya (Cataluña)

Nos ponemos a su disposición para cuanta información podamos aportar sobre esta cuestión en el correo siguiente:

unionasociacionespatrimonio@gmail.com

UNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Concentración 02-03-2023 inmatriculaciones

Franco reforma (Decreto 8/2/1946) la Ley Hipotecaria que equipara la iglesia católica con el propio Estado para inmatricular bienes. Al año siguiente, el Reglamento Hipotecario, (Decreto 14/2/1947) establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.

Estas normativas van a abrir un período de casi 70 años en el que la jerarquía católica va a promover decenas de miles de procedimientos inmatriculadores. Un obispo certifica que un bien le pertenece desde tiempo inmemorial y con ese documente se persona en el Registro de la Propiedad y lo inmatricula.

El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, promovida por el Gobierno de Rajoy, excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Terminan las inmatriculaciones, pero lo inmatriculado queda bendecido pese a la inconstitucionalidad del procedimiento desde 1978 y a la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora.

Durante estos setenta años (1946-2015) se ha producido en el estado español un expolio monumental: miles de bienes inmuebles (plazas públicas, monumentos, cementerios, iglesias, casas curales, fincas, etc.) han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad alguno, a lo que han de añadirse los bienes muebles que contienen.

Durante seis décadas la opacidad de estos procedimientos es total; pero a comienzos de este siglo las denuncias de estos robos, las sentencias de tribunales europeos, las primeras movilizaciones populares, la atención de los medios de comunicación,… sacan este tema del oscurantismo y la negligencia institucional.

El 9 de febrero de 2017, la coordinadora RECUPERANDO, recientemente constituida, registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias, una para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y otra para promover las iniciativas legislativas necesarias para revertir esta situación.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno presenta al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero solo desde 1998. Sabemos que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Por ello, podemos inferir que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000. La jerarquía se ha apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés,…

Hay que reconocer la positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones.

La presentación por Carmen Calvo del listado de las inmatriculaciones en febrero de 2021 fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Jerarquía católica. Pero paralelamente, la misma Vicepresidenta abría negociaciones secretas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal para tratar de dar cerrojazo a este tema en sentido contrario a los compromisos adquiridos.

Todo apunta a que el Gobierno y la jerarquía católica tienen en ciernes un pacto en este sentido dando carta de naturaleza a un expolio monumental del patrimonio público histórico-artístico, donde tampoco los tribunales proporcionan un medio eficaz para resarcirlo. Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado. La Coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos.

Concentración para denunciar el incumplimiento del gobierno de su compromiso de recuperar los bienes inmatriculados por la iglesia catolica

Recuperando nuestro patrimonio público

El candidato a la Presidencia del Gobierno, en su discurso de investidura, se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa de la laicidad y del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar.


Pero, a la vez, se retenía la información sobre los bienes inmatriculados y los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica avanzaban en sentido contrario.


La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que, como Apudepa y Mhuel, se agrupan en Recuperando. Pero publicaron un listado parcial, que no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998 y que no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo registrado.


Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.


El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.


A nuestro juicio, las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía.


Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Apudepa y Mhuel, junto con todas las organizaciones coordinadas en Recuperando sí lo estarán. Por ello,
seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para remplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos.