Concentración 02-03-2023 inmatriculaciones

Franco reforma (Decreto 8/2/1946) la Ley Hipotecaria que equipara la iglesia católica con el propio Estado para inmatricular bienes. Al año siguiente, el Reglamento Hipotecario, (Decreto 14/2/1947) establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.

Estas normativas van a abrir un período de casi 70 años en el que la jerarquía católica va a promover decenas de miles de procedimientos inmatriculadores. Un obispo certifica que un bien le pertenece desde tiempo inmemorial y con ese documente se persona en el Registro de la Propiedad y lo inmatricula.

El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, promovida por el Gobierno de Rajoy, excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Terminan las inmatriculaciones, pero lo inmatriculado queda bendecido pese a la inconstitucionalidad del procedimiento desde 1978 y a la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora.

Durante estos setenta años (1946-2015) se ha producido en el estado español un expolio monumental: miles de bienes inmuebles (plazas públicas, monumentos, cementerios, iglesias, casas curales, fincas, etc.) han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad alguno, a lo que han de añadirse los bienes muebles que contienen.

Durante seis décadas la opacidad de estos procedimientos es total; pero a comienzos de este siglo las denuncias de estos robos, las sentencias de tribunales europeos, las primeras movilizaciones populares, la atención de los medios de comunicación,… sacan este tema del oscurantismo y la negligencia institucional.

El 9 de febrero de 2017, la coordinadora RECUPERANDO, recientemente constituida, registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias, una para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y otra para promover las iniciativas legislativas necesarias para revertir esta situación.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno presenta al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero solo desde 1998. Sabemos que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Por ello, podemos inferir que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000. La jerarquía se ha apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés,…

Hay que reconocer la positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones.

La presentación por Carmen Calvo del listado de las inmatriculaciones en febrero de 2021 fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Jerarquía católica. Pero paralelamente, la misma Vicepresidenta abría negociaciones secretas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal para tratar de dar cerrojazo a este tema en sentido contrario a los compromisos adquiridos.

Todo apunta a que el Gobierno y la jerarquía católica tienen en ciernes un pacto en este sentido dando carta de naturaleza a un expolio monumental del patrimonio público histórico-artístico, donde tampoco los tribunales proporcionan un medio eficaz para resarcirlo. Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado. La Coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos.

Concentración para denunciar el incumplimiento del gobierno de su compromiso de recuperar los bienes inmatriculados por la iglesia catolica

Recuperando nuestro patrimonio público

El candidato a la Presidencia del Gobierno, en su discurso de investidura, se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa de la laicidad y del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar.


Pero, a la vez, se retenía la información sobre los bienes inmatriculados y los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica avanzaban en sentido contrario.


La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que, como Apudepa y Mhuel, se agrupan en Recuperando. Pero publicaron un listado parcial, que no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998 y que no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo registrado.


Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.


El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.


A nuestro juicio, las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía.


Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Apudepa y Mhuel, junto con todas las organizaciones coordinadas en Recuperando sí lo estarán. Por ello,
seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para remplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos.

Recuperando NdP: Inmatriculaciones – 28-septiembre-2022

La coordinadora estatal RECUPERANDO rechazamos
enérgicamente la PNL aprobada relativa al impulso de
cambios normativos concernientes a ‘la libertad de
conciencia y la laicidad de las instituciones públicas’.
Creemos que incumple directamente el acuerdo de 2019
para establecer un gobierno de coalición.

El pasado 12 de abril de 2022, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presentó una Proposición no de Ley para el impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas, para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

En ella se hacía referencia al cumplimiento de uno de los objetivos acordados para esta legislatura en el acuerdo firmado en diciembre de 2019 para el establecimiento de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Dicho acuerdo dice, textualmente, “hacer las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basados en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de
simples declaraciones de sus propios miembros”.

En coherencia con dicho acuerdo, la PNL presentada en abril recogía varios puntos:

“3.- Recabar de los Registros de la Propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones) desde 1946 hasta 1998 que hayan sido inscritos al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo.

4.- Hacer las modificaciones legislativas oportunas para retrotraer los bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia mediante el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.

5.- Hacer las modificaciones legislativas oportunas para que los bienes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas sean declarados de dominio público y queden afectados a las Administraciones Públicas.”

Ayer, 27 de septiembre, se aprobó en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la misma Proposición no de Ley relativa al impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas. En ella, se limita a decir:

“3) Seguir clarificando la situación jurídica de los bienes inmatriculados en posesión de la Iglesia con el objetivo de remover los obstáculos existentes para su recuperación por sus legítimos propietarios.”

El cambio experimentado en la PNL, en lo que a las inmatriculaciones de la iglesia se refiere, no solo es notorio, sino que la desvirtúa completamente de su espíritu inicial.

En lugar de avanzar hacia una solución de la problemática de las inmatriculaciones se ha buscado una fórmula de compromiso mediante la que ‘clarificando’ y ‘removiendo’ no vamos a ninguna parte y validamos la situación actual. Téngase en cuenta que no solo no se ha declarado la nulidad de las inmatriculaciones posteriores a 1978, que incumplen flagrantemente nuestra Constitución, sino que ni siquiera se ha hecho pública la totalidad de inmatriculaciones (más de 100.000). Únicamente se conoce una pequeña parte de ellas, a través de unos listados que ni siquiera permiten identificar los bienes.

Desde la coordinadora estatal RECUPERANDO rechazamos enérgicamente la formulación utilizada en la PNL y creemos que incumple directamente el acuerdo de 2019 para establecer un gobierno de coalición.

28 de septiembre de 2022.

Contacto: Andrés Valentín González – 630.080.101

Un paseo por la Zaragoza inmatriculada «del Gancho al Gallo»

   Zaragoza a 6 de mayo del 2022

       Las asociaciones APUDEPA y MHUEL  os invitan a participar de un paseo primaveral el próximo sábado 14 de mayo . Recorreremos parte de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad ( Zaragoza )  que han sido inmatriculados por el Arzobispado de Zaragoza.

      Hablaremos de arte , cultura , patrimonio  y también de su proceso de inmatriculación . Terminaremos en la Iglesia de la Magdalena ; posteriormente tomaremos un vermú para las personas que así lo deseen .

     Adjuntamos Cartel Informativo

 Atentamente 

 Belen Boloqui                                      Pedro García

 Presidenta de APUDEPA                    Presidente de MHUEL

Lo que ha pagado el pueblo es del pueblo

La plataforma Recuperando, a través de las asociaciones MHUEL(movimiento hacia un estado laico) y APUDEPA(acción publica para la defensa del patrimonio aragonés), estuvo apoyando a la plataforma ciudadana en defensa de la propiedad de la virgen de Casbas, en la concentración celebrada frente al obispado de Huesca, para revindicar la propiedad de la ermita de casbas.

Lo que ha pagado el pueblo es del pueblo”

Concentración en Zaragoza 16 febrero escandalo inmatriculaciones

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Tras más de dos años sin tener presencia en la calle, las gentes de APUDEPA junto con las de MHUEL (ambos integrantes de Recuperando) nos movilizamos ayer en demanda de la reversión de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica. No estuvimos todos los que desearíamos y necesitamos para oponer la fuerza de la ciudadanía al cabildeo del Gobierno con la Conferencia Episcopal pero la participación fue significativa, considerando el horario de la convocatoria.

 El día de ayer constituye un hito en la movilización y el trabajo conjunto de las organizaciones que integramos la coordinadora Recuperando ya que se realizaron concentraciones en más de veinte ciudades.

Sabemos que la organización y el trabajo es el único camino y esa senda la hemos de recorrer colectivamente.

Un saludo, y seguimos.

NO SON 1.000. SON 100.000

El 16 de febrero del año pasado, la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles. De hecho Recuperando había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017.

No obstante, esa publicación es también importante porque pone de manifiesto sus límites:

• Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.

• Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.

• Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.

• Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?

Exigimos información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946.

Reivindicamos la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida.

Reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.

El Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados pro la jerarquía católica.

Tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. No son mil; son cien mil..

Nos hemos dirigido a siete ministros de Pedro Sánchez (Carmen Calvo, José Manuel Rodríguez Uribes, Teresa Delgado, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Félix Bolaños y Pilar Llop) solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas. Ninguno/a de ellos/as ha tenido interés en conocerlas. Debido a este evidente agravio en el tratamiento privilegiado a la Iglesia católica y desdeñoso con las organizaciones ciudadanas, Recuperando solicita una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas.

Si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.

Por ello, hemos vuelto a convocar concentraciones en distintas localidades para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público.

Zaragoza concentración Recuperando

MANIFIESTO 22 DE JUNIO

Recuperando nuestro patrimonio público

Gracias a la tenacidad del movimiento ciudadano patrimonialista, hoy sabemos que la Iglesia católica ha privatizado casi 35.000 bienes desde 1998, buena parte de ellos pertenecientes al incalculable legado cultural construido y sostenido desde tiempo inmemorial por los pueblos y las instituciones públicas. Pero la cifra puede triplicarse si se incluyen en el listado todos los bienes inmatriculados desde 1946 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a la Iglesia católica un privilegio claramente inconstitucional.

La publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común.

Conviene recordar hoy las palabras del presidente Sánchez en su solemne discurso de investidura ante nada menos que la sede de la voluntad popular: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Ha transcurrido año y medio desde entonces y el Ejecutivo no solo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial.

En todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de recibir a Recuperando u otras organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es una cuestión de Estado. Es preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de carácter religioso sino estrictamente patrimonial.

Hoy, a iniciativa de la Coordinadora Recuperando, nos convocamos aquí y en otras 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para recordarle a nuestro Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los Diputados. Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos.