El pasado 9 de junio Apudepa presentó contra el Ayuntamiento de Zaragoza un recurso contencioso administrativo por la resolución del servicio de Inspección Urbanística que declaró el 28 de marzo «ruina inminente» para el edificio de la calle Mayor nº 72. «Un inmueble antiguo de ladrillo aragonés a cara vista en su fachada, restaurado en los últimos años por el consistorio, que sufragó finalmente su costo y que tiene restos de la antigua puerta de Valencia y está ubicado sobre la muralla romana», detalla la entidad en defensa del patrimonio aragonés.
Apudepa califica de «relevante» que en el proceso de oposición haya encontrado «todo tipo de pegas» para revisar el «expediente vivo» de la calle Mayor 72. «No hemos podido acceder a él a pesar del escrito oportuno documentado y la personación de la presidenta en Inspección Urbanística llegando a hablar con su jefe de servicio», critican en una nota de prensa.
«Y todo ello —continúa la nota— en oposición al derribo inminente propuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza en base a diversas consideraciones». Entre otras, cita: «El edificio de la calle Mayor 72, está emplazado en la parte correspondiente al antiguo trazado de la ciudad romana de Caesaraugusta, y más concretamente en el Decumanum, siendo por tanto una arteria fundacional de la ciudad romana en el siglo I a.C. Destacable es la ubicación del inmueble en el periodo fundacional romano, ya que éste se situaba muy cercana a lo que comúnmente se ha denominado Puerta de Valencia, que podría corresponderse con la antigua ‘Porta Romana’, siendo además un acceso principal a la ciudad, la que flanqueaba el camino a Roma».
Además, «el informe emitido por el Servicio de Inspección Urbanística el 28 de marzo de 2025 carece de rigor técnico al no haberse realizado las labores técnicas suficientes ni haberse aportado las pruebas necesarias para llegar a la conclusión de la declaración de ruina inminente, tal y como apareció en prensa», añade Apudepa en la nota.
A esto se suma que la declaración de ruina y la decisión de demolición de este inmueble «deben ser evaluadas a fondo para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales». «La normativa patrimonial establece procedimientos rigurosos que deben seguirse antes de llevar a cabo cualquier intervención irreversible en un bien protegido. Además, es necesario que se agoten todas las alternativas para la conservación del inmueble y que se adopten medidas».
«Tanto la normativa estatal como la autonómica en materia de patrimonio subrayan la necesidad de conservar de forma íntegra los elementos protegidos, más allá de su apariencia exterior, especialmente en aquellos casos en los que el inmueble constituye una pieza fundamental para comprender la evolución del tejido urbano histórico», finaliza la nota de Apudepa.