21 asociaciones de toda España fundan la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural
El pasado sábado 18 de febrero se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid la asamblea constituyente de la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, con la participación de veintiuna asociaciones, culminando así un trabajo intenso desarrollado en los últimos años.
Así, el proceso iniciado en 2018 en Madrid a través del Manifiesto de Boadilla tuvo continuidad en sendas reuniones en Zaragoza (2021) y Almería (2022), y se cierra ahora con el nacimiento formal de la Unión. Durante ese tiempo, varias asociaciones para la defensa del patrimonio de toda la geografía española han sido conscientes de los aspectos diferenciadores entre los territorios y los tipos de patrimonio, surgiendo un creciente interés por los problemas y necesidades comunes a todas las asociaciones, que ahora se unen para intercambiar conocimientos y para trabajar juntas en el logro de objetivos comunes. La iniciativa queda abierta a la inclusión de otras asociaciones, para que se unan a este proyecto y puedan aportar su propia visión y experiencia.
Tras un periodo de redacción de los estatutos, en mayo de 2022 se celebró un encuentro de asociaciones en Almería, en él se publicó el conocido como «Compromiso de Almería», documento por el que las asociaciones se comprometían a trabajar juntas a la par que surgía una junta gestora para dar el impulso final al proceso, recogiendo la documentación y elaborando una agenda para el nacimiento de esta Unión de Asociaciones, que cuenta con personalidad jurídica propia.
Se ha elegido una Junta Directiva de la Unión que está compuesta por Jose Manuel Baena representante de la Asociación Ben Baso de Sevilla como presidente, María-Cruz Santos, representante de la Asociación Histórica Retiro Obrero (AHRO, Sevilla), como vicepresidenta, Pere Ollers, por la asociación ARCA (Mallorca), que asume la secretaría, y Pilar Villellas, por APUDEPA (Aragón), a cargo de la tesorería. Por otra parte, se han creado siete vocalías, asumidas por las asociaciones Acuíferos Vivos (Almería), AJVA (Murcia), Amigos de la Alcazaba (Almería), APATRIGAL (Galicia), Huermur (Murcia), Lagunas Vivas (Albacete) y Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama (Madrid).
Según el presidente de esta nueva Junta Directiva, José Manuel Baena, el objetivo de la unión es convertirse en “punto de encuentro para el intercambio y ayuda entre las asociaciones, adquiriendo personalidad jurídica para tratar con los poderes públicos en temas comunes de ámbito estatal”, señalando igualmente que los principales desafíos a plantear residen en “la propia organización de la unión, la exigencia del cumplimiento de la normativa vigente en patrimonio a los poderes públicos, y la denuncia de todos los aspectos contrarios a ella”.
Las asociaciones firmantes de la nueva Unión son las siguientes:
- ACEM. Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos (Murcia)
- Acuíferos Vivos- Plataforma en Defensa del Agua en Almería (Almería)
- AHRO. Asociación Histórica Retiro Obrero (Sevilla)
- AJVA. Asociación Juvenil Villa de Aljucer (Murcia)
- Amigos de la Alcazaba de Almería (Almería)
- Amigos del Patrimonio de Segovia (Segovia)
- Asociación de Amigos de Serrablo (Huesca)
- APATRIGAL. Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Galicia)
- APUDEPA. Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Aragón)
- ARCA. Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (Mallorca)
- Asociación Cultural Abuxarra (Alpujarra) (Almería)
- Asociación Cultural Athenaa de El Ejido (Almería)
- Asociación para la defensa de las Chimeneas y el patrimonio industrial de Málaga (Málaga)
- Ben Baso. Asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico (Sevilla)
- Huelva Te Mira (Huelva)
- HUERMUR. Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Murcia)
- Lagunas Vivas (Albacete)
- Málaga Monumental (Málaga)
- Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama (Madrid)
- Sociedad Caminera del Real de Manzanares (Madrid)
- SOS Monuments- Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya (Cataluña)
Nos ponemos a su disposición para cuanta información podamos aportar sobre esta cuestión en el correo siguiente:
unionasociacionespatrimonio@gmail.com
| UNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL |
Concentración 02-03-2023 inmatriculaciones
Franco reforma (Decreto 8/2/1946) la Ley Hipotecaria que equipara la iglesia católica con el propio Estado para inmatricular bienes. Al año siguiente, el Reglamento Hipotecario, (Decreto 14/2/1947) establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.
Estas normativas van a abrir un período de casi 70 años en el que la jerarquía católica va a promover decenas de miles de procedimientos inmatriculadores. Un obispo certifica que un bien le pertenece desde tiempo inmemorial y con ese documente se persona en el Registro de la Propiedad y lo inmatricula.
El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.
La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, promovida por el Gobierno de Rajoy, excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Terminan las inmatriculaciones, pero lo inmatriculado queda bendecido pese a la inconstitucionalidad del procedimiento desde 1978 y a la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora.
Durante estos setenta años (1946-2015) se ha producido en el estado español un expolio monumental: miles de bienes inmuebles (plazas públicas, monumentos, cementerios, iglesias, casas curales, fincas, etc.) han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad alguno, a lo que han de añadirse los bienes muebles que contienen.
Durante seis décadas la opacidad de estos procedimientos es total; pero a comienzos de este siglo las denuncias de estos robos, las sentencias de tribunales europeos, las primeras movilizaciones populares, la atención de los medios de comunicación,… sacan este tema del oscurantismo y la negligencia institucional.
El 9 de febrero de 2017, la coordinadora RECUPERANDO, recientemente constituida, registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias, una para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y otra para promover las iniciativas legislativas necesarias para revertir esta situación.
Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno presenta al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero solo desde 1998. Sabemos que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Por ello, podemos inferir que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000. La jerarquía se ha apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés,…
Hay que reconocer la positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones.
La presentación por Carmen Calvo del listado de las inmatriculaciones en febrero de 2021 fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Jerarquía católica. Pero paralelamente, la misma Vicepresidenta abría negociaciones secretas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal para tratar de dar cerrojazo a este tema en sentido contrario a los compromisos adquiridos.
Todo apunta a que el Gobierno y la jerarquía católica tienen en ciernes un pacto en este sentido dando carta de naturaleza a un expolio monumental del patrimonio público histórico-artístico, donde tampoco los tribunales proporcionan un medio eficaz para resarcirlo. Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado. La Coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos.
